martes, julio 05, 2005

EMPRESAS Y MERCADOS
Los inspectores de Hacienda alertan de que el Congreso 'colará' la nueva ley de SICAV junto con la aprobación del matrimonio gayEfe. Madrid.
Martes, 28 de junio de 2005
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El presidente de los Inspectores de Hacienda del Estado, José María Peláez, alertó este martes sobre la "gravedad" de la posible modificación de la ley que regula las SICAV, ya que supone una "amnistía fiscal y una violación flagrante de la igualdad de los ciudadanos".

Según Peláez, muchas de estas Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) son utilizadas por las grandes fortunas para canalizar sus inversiones, sin cumplir los requisitos exigidos para gozar del régimen tributario especial (las SICAV pagan el 1% frente al 35% del resto de empresas).

A su juicio, la posible aprobación en el Congreso de los Diputados, el próximo jueves día 30, de las dos enmiendas introducidas por CiU, se llevaría a cabo de forma "camuflada" ya que coincidirá con la aprobación del matrimonio homosexual, que tiene "más interés" para la opinión pública.

Una de las enmiendas regula la competencia exclusiva de la CNMV para verificar la legalidad de este tipo de sociedades, una circunstancia que Peláez cree que choca con la Ley General Tributaria y con la normativa del Impuesto sobre Sociedades, que otorga a la Inspección de Hacienda la más alta competencia en materia fiscal.

La segunda enmienda recoge el carácter retroactivo de esa competencia exclusiva de la CNMV desde 1997, lo que supondría, según Peláez, la anulación de las actas levantadas y el archivo de los expedientes en curso con el consiguiente perjuicio para el resto de contribuyentes.

La Organización de Inspectores de Hacienda del Estado envió una carta, el pasado 21 de junio, a los distintos grupos parlamentarios en la que expresa el "más absoluto" rechazo a esta ley que consideran "discriminatoria" para los ciudadanos y en la que se advierte del precedente que esto supondría para muchas otras parcelas de la regulación tributaria.

Además, la citada Organización dirigió un escrito a la Agencia Tributaria en el que solicitaba la modificación del Plan de Inspección de 2005, con el fin de incluir un número significativo de comprobaciones de estas entidades, una actuación que sería "normal" si se estuviera realizando la verificación de cualquier otro grupo de contribuyentes.

30 de junio de 2005: el Congreso aprueba el matrimonio homosexual. Y mientras unos se felicitaban y otros se escandalizaban, desde el Gobierno nos colaron la de arena. Poco después del sentido discurso de Zapatero sobre la igualdad, el Congreso amplió la trampa legal que permite que las grandes fortunas, los más ricos, se ahorren los impuestos.

El paraíso en el modelo fiscal español se llama SICAV (sociedades de inversión de capital variable). Si eres un trabajador en nómina, pagas hasta el 48% de tu sueldo en impuestos. Si eres una empresa, el 35% de tus beneficios. Y si eres muy muy rico y tienes 2,4 millones de euros y 100 firmas para montar una SICAV, tus beneficios sólo cotizan al 1% ante Hacienda. Y sin comprar casa en Andorra. ¿No es maravilloso?

En teoría, hacen falta 100 socios para acceder a esta ganga fiscal. Pero no suele ser raro que un socio maneje el 99% de la SICAV y los 99 restantes se repartan el 1%. A los que hacen bulto, a los comparsas, les llaman mariachis: sirven de acompañamiento y orquesta para el cantante solista.

En España existen más de 2.000 de estas empresas y
mueven alrededor de 24.000 millones de euros. Una fruslería: unos cuatro billones de pesetas. Durante el último año, los inspectores de Hacienda habían abierto cientos de expedientes contra estas empresas al considerar que en numerosas ocasiones ni siquiera se cumplía con el requisito de las 100 firmas.

El pasado jueves se concedió una amnistía fiscal para ellas y se consolidó la trampa. El Congreso aprobó que el control de estas empresas será competencia exclusiva del regulador de la Bolsa, la CNMV. Los inspectores de Hacienda ya no tendrán nada que decir al respecto. Además, la medida es con carácter retroactivo, por lo que se da carpetazo a los expedientes abiertos.

A diferencia de la ley del matrimonio homosexual, esta reforma legal se aprobó casi por unanimidad. Todos los partidos políticos excepto IU votaron a favor.